Para un país que ha perdido parte significativa de sus selvas, bosques, praderas, vegetaciones de desierto y manglares costeros, conservar lo que aún subsiste debe ser prioridad. La cobertura vegetal de nuestra geografía es la piel de México. Restaurar en las próximas décadas una porción importante de los ecosistemas y las funciones y los servicios ambientales esenciales que proveen es una responsabilidad de la ciudadanía y el gobierno con las siguientes generaciones, que esperan la oportunidad de vivir en una nación tan extraordinaria y biodiversa como la que hospedó a nuestros padres y abuelos.
Aproximadamente 90% de nuestras selvas tropicales han desaparecido. En algunos estados, como Veracruz y Tabasco, el deterioro ha sido todavía mayor. Asimismo, 50% de los bosques templados y 10% de los manglares han sido afectados. Las cifras resultan más preocupantes si consideramos que la degradación ha sucedido en menos de cien años.
Gobierno, comunidades, academia y sociedad han sumado esfuerzos a favor de la conservación desde hace treinta años. Uno de los instrumentos de política pública más efectivos para ese fin son las áreas naturales protegidas. México cuenta con 182, las cuales cubren 11% del territorio y 22% de los mares. Hay terrestres, marino-costeras, oceánicas y de mar profundo; y son una muestra de la inmensa variedad de ecosistemas que caracteriza a nuestro país.
La Reserva de la Biosfera Montes Azules, en Chiapas, constituye uno de los referentes más destacables. Junto con la Selva de los Chimalapas, es el último reducto de selva tropical húmeda de México y es también uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad. Es hogar de diferentes etnias, riqueza cultural y social de México. Sus 331,200 hectáreas son refugio de especies emblemáticas como el jaguar, el águila arpía, el tapir, el saraguato o mono aullador y la guacamaya roja.
Lamentablemente, un conflicto entre los pobladores de la Comunidad Zona Lacandona amenaza la integridad de Montes Azules, un patrimonio compartido de los mexicanos. La Procuraduría Agraria y otros actores gubernamentales, así como representantes de la etnia lacandona de la subcomunidad Lacanhá Chansayab, legítimos ocupantes de este territorio, deliberan ahora para resolver tres temas clave. El primero es el ajuste del polígono oficial de la Comunidad Zona Lacandona a la luz de recientes decretos de núcleos agrarios, indebidamente promovidos por la Procuraduría Agraria. El segundo es la ratificación del marco legal en materia ambiental que prohíben la regularización de invasiones y, por tanto, la creación de nuevos asentamientos humanos dentro del área natural protegida. El tercero es la no afectación de la integridad territorial de la Reserva de la Biosfera Montes Azules.
Como ciudadanos mexicanos, tenemos la certeza de que el liderazgo del gobierno federal ayudará a resolver el conflicto y asegurará la protección de este espacio natural, excepcional e irremplazable. El mensaje de esperanza del Presidente de México durante su conferencia matutina del 8 de noviembre de 2019 expresa con claridad su intención y su compromiso: “Nosotros vamos a cuidar siempre la naturaleza y el medio ambiente. Nosotros no podríamos ir en contra de lo que queda de selva tropical. Sería una gran incongruencia. Nunca lo haríamos”.
Celebramos que las autoridades federales reconozcan atinadamente que la regularización de invasiones y la repartición de las tierras del pueblo lacandón, además de un despojo de sus bienes, sería el inicio de la destrucción de la integridad territorial y biológica de la Reserva de la Biosfera Montes Azules.
El pueblo lacandón, al igual que los demás mexicanos, apreciamos el privilegio de vivir en uno de los países más biodiversos del mundo. Agradecemos el esfuerzo que hace el gobierno federal para conservar lo que es único, lo que es insustituible, lo que es vital, lo que es nuestro.